La paridad es para las mujeres. (Carta para la Defensora del Pueblo)

Magali Quezada, viceprefecta, y Cecilia Méndez, prefecta del Azuay. Xavier Caivinagua/El Mercurio

Mis ojos fueron sensiblemente lastimados por lo que leyeron en este aciago fin de semana. El viernes 23 de octubre de 2020 el Diario El Mercurio publicó una nota con el titular “La defensoría del pueblo prepara una acción de protección por la elección de la viceprefecta del Azuay”. La provincia del Azuay es la más violenta y machista del país. No solo tiene los niveles más altos de violencia de género: 8 de cada 10 mujeres la hemos vivido. Tiene de los porcentajes más altos de jefatura de hogar femenina y de pobreza, desempleo y empleo inadecuado de mujeres de todo el país. 

La provincia del Azuay es campesina y es mujer. Las mujeres azuayas, campesinas, son quienes sostienen la vida en la provincia. Han sufrido el abandono y la violencia de la emigración a las ciudades y a otros países, la violencia sexual y feminicida, el embarazo adolescente y la pandemia del incesto y una misoginia internalizada e infligida que nos atraviesa el cuerpo a todas, tanto como el colonialismo, el extractivismo, el racismo y el capitalismo. Es en el Azuay donde muchas mujeres nos sentimos más inseguras que en ninguna otra parte. Nos sentimos en riesgo en las calles y escrutadas en nuestras casas. Muchas emigraciones de mujeres azuayas y de personas LGBTI hacia otras ciudades y países ocurren porque el conservadurismo y el juicio escudriñan nuestros cuerpos y nuestras vidas como una mirada de rayos equis detectores de pecados e inmoralidades que no nos permite sentirnos libres. Y preferimos huir de este convento, si podemos. 

Esta provincia eligió un prefecto y una viceprefecta hace un año. La viceprefecta Cecilia Méndez denunció desde hace tiempo varios episodios de violencia política y discriminación por parte del entonces prefecto y su equipo, quienes le impidieron ejercer a plenitud su cargo. Esta dinámica ya se vivió en el período anterior, cuando el exprefecto Carrasco castigó la disidencia de Chechi Alvarado con el ostracismo. El último prefecto varón que tuvimos, Yaku, en cambio, atraído por horizontes más tentadores que ser cabeza "de provincia" y en carrera hacia la presidencia de la república, como Carrasco, abandonó el cargo rápidamente.

El abandono masculino es un rasgo distintivo de la vida austral y su melodrama biopolítico y patritecnocrático. Se hace evidente no solo en los políticos que llegan a alcaldías y prefecturas no para servir a la ciudad y a la provincia, sino para servirse del trampolín y de la visibilidad de los cargos para (nunca) hacerse presidentes; sino en la serie de varones irresponsables que no reconocen a su prole, ni pagan sus pensiones alimenticias ni visitan a sus hijas e hijos y que desaparecen luego de las lunas de miel y las borracheras. Así, con la renuncia del flamante prefecto, Yaku, operó en la provincia una figura que reconocen los estudios políticos feministas: "el precipicio de cristal". 

Si el techo de cristal es esa metáfora de las feministas liberales sobre las barreras invisibles de prejucios que nos impiden a las mujeres llegar más alto de lo que hemos llegado en las empresas, las instituciones y los países; el precipicio de cristal ocurre cuando los hombres abandonan sus funciones públicas y quedan las mujeres a cargo. A veces pasa porque van presos por actos de corrupción, mueren en guerras o renuncian porque les queda pequeño el puesto y no quieren ser cabeza de ratón sino buscan serlo de león. El precipicio opera en su versión doméstica en el alto porcentaje de jefas de hogar azuayas que sostienen con ellas mismas, sus hogares, porque ellos se fueron. En política, el precipicio de cristal como tendencia a dar paso al liderazgo de las mujeres en tiempos de crisis al menos nos ha dejado la conmovedora y bella estampa que ilustra este escrito: una prefecta y una viceprefecta. Cecilita y Magaly, dos mujeres feministas. Magaly con amplia experiencia como alcaldesa del cantón azuayo Nabón, quien, entre otras cosas, eliminó la elección de reinas para destinar los fondos a acciones para promover los derechos de las mujeres y la igualdad. Ella es una mujer joven pero muy experimentada en política. Y Cecilita, una académica e intelectual de izquierda con profundo conocimiento de la teoría feminista y de la historia de las mujeres. 

Lejos de celebrar este triunfo para las mujeres, la Defensoría del Pueblo (la única institución que en el país ha estado ejerciendo de manera efectiva su rol de garante de derechos), estaría preparando a través de su titular en nuestra región una acción de protección porque no se escogió a un varón para ocupar la viceprefectura. La defensora, para explicarse, invoca erróneamente el 317 del COOTAD, que dice que en sesión inaugural "los consejos regionales, concejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible". Este artículo no se aplica a los consejos provinciales, porque las prefecturas y viceprefecturas se presentan en binomio en la papeleta electoral. Nada tiene que ver la designación en sesión inaugural de las segundas autoridades ejecutivas de los gobiernos regionales, metropolitanos y municipales con la elección de una viceprefectura. Es decir, no aplica el artículo. Eso, en primer lugar. 

Y en segundo lugar –y lo más importante- el principio de paridad es a favor de la participación de más mujeres, no en contra de la participación de las mujeres. Estos hechos me inspiraron unas líneas dedicadas a la señora Defensora del Pueblo de quien admiré su ferviente defensa de la paridad para la elección de las vicealcaldías y cuya actual interpretación del mismo principio me desconcierta porque según la nota de El Mercurio estaría analizando plantear una acción de protección para anular la feliz designación de la viceprefecta Magaly Quezada, única buena noticia en el árido panorama político electoral de este terruño al que me aferro, a mi pesar. 

Señora Defensora del Pueblo, el principio de paridad tiene como filosofía que mujeres y hombres compartamos los espacios de decisión política en igualdad de condiciones. Surge porque históricamente hemos sido las mujeres las discriminadas directa e indirectamente en el acceso a la participación política, en las campañas electorales, en el ejercicio de los cargos y en la toma de decisiones. Las cuotas y después la paridad se formularon con el objetivo de que el ser mujer no nos excluya de la política y que los problemas de las mujeres sean tomados en cuenta para la elaboración de políticas públicas. La experiencia demuestra que esos problemas, al ser sentidos por nosotras, generalmente, casi siempre, nosotras somos quienes los posicionamos públicamente. Los hombres no lo han hecho por nosotras y no lo han hecho con nosotras. La mayoría han sido ciegos a nuestros problemas, les ha convenido que nuestros problemas (cuya antípoda son sus privilegios) se mantengan intactos o nos han concedido galantemente algo de "oxígeno político" con acciones parciales o duchas rosas para maquillar su misoginia y porque a veces no les queda de otra: del otro lado nosotras proponemos, movilizamos, exigimos e incendiamos.

 

Señora Defensora del Pueblo, por el principio de paridad política reconocido constitucionalmente y que costó mucho esfuerzo al movimiento de mujeres –desde la influencia de los sufragismos europeo y norteamericano, las acciones pioneras de las promotoras locales del voto femenino, la valentía de Matilde Hidalgo y las mujeres de izquierdas del movimiento indígena, campesino y obrero, hasta el feminismo institucional de los noventa y las reformas que se lograron en esa década bajo la influencia de los estándares internacionales- es que mujeres como usted -como yo, como todas- pudieron, pueden y podrán acceder a cargos públicos sin que el hecho de no tener pene sea un obstáculo para que se asuma que usted no es capaz, que yo no soy capaz, que ninguna de nosotras es capaz. La paridad, ciertamente, termina volviéndose un límite a nuestra participación total. Por la paridad, como está formulada en las leyes, no podríamos presentar listas exclusivas de mujeres -aunque en una defensa por principios podríamos pelearlo- pero la paridad es para nosotras, no para ellos. 

Doctrinariamente, las acciones afirmativas son “medidas de diferenciación que tienen como finalidad transformar una situación de desigualdad de condiciones en una situación de igualdad real de condiciones” (Judith Salgado, 2009). Las acciones positivas son una estrategia destinada a conseguir la igualdad de resultados mediante medidas que permitan eliminar las discriminaciones que por razón de género sufren las mujeres. (María José Añón, 2001).

Las acciones afirmativas en lugares en que los blancos copan las oportunidades académicas, laborales y sociales están destinadas a igualar las oportunidades para las personas no blancas y racializadas, que parten de desventajas y que sufren discriminación. Los cupos laborales para personas con discapacidad no son para personas sin discapacidad, porque la discapacidad es una categoría sospechosa, como el género, un factor de riesgo de sufrir discriminación por motivos moralmente arbitrarios. Aunque, bueno, en este país tenemos buen porcentaje de servidores de alto rango que se hacen declarar personas con diversidad funcional para obtener exenciones tributarias en una acción de violento despojo contra los verdaderos destinatarios de política pública: las personas con discapacidad. 

La defensa de la paridad como principio, en un país donde llegamos a un 7-8% de alcaldesas y prefectas, es para las mujeres. La defensa de la paridad nos ha permitido llegar a las mujeres a ser el 38% de legisladoras en el actual período, seguimos sin llegar a ser la mitad. Pero en los gobiernos locales no solo somos pocas, sino, como usted sabe, la tercera parte de las acciones de protección para hacer respetar este principio a favor de las mujeres, ha sido negada por los jueces. Porque somos mujeres. Si fuéramos hombres no tendríamos que exigir judicialmente que no se nos excluya en razón del sexo. 

En el Consenso de Quito, celebrado en 2007, en el marco de la CEPAL, se reconoció: […] que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres […]. Actualmente se está gestando un nuevo estándar: la paridad no como objetivo, sino como mínimo; como piso, no como techo, precisamente por el uso mañoso del concepto cuando busca no incluir a las mujeres sino excluirlas, en un intento desesperado del patriarcado y sus agentes por mantener el poder.

 

El espíritu de la paridad es simple: más mujeres en el poder, porque los hombres ya están. Y están sobrerrepresentados. Significa más equilibrio, por lo tanto. Más agendas con perspectiva de género, también. Pero acciones como la de reclamar la paridad en abstracto a favor de un hombre por parte de una mujer demuestran que no basta ser mujer para defender los intereses de las mujeres. Por supuesto que no basta. 

Señora Defensora del Pueblo, usted, en valiente accionar defendió a las mujeres cuencanas cuando fuimos despojadas de la vicealcaldía por catorce patriarcas que se tomaron el concejo cantonal. Ahora que el consejo provincial nombra a una viceprefecta, habiendo una prefecta, en lugar de celebrar que más mujeres tomen las riendas de la provincia, usted defiende, nuevamente, en abstracto, la paridad como si fuera simplemente un principio ordenador de un tablero de ajedrez: hombre-mujer-hombre-mujer. Lo defiende como fórmula matemática, como si se tratase de mantener una alternancia y secuencialidad cromosómica y gonadal y no más allá de eso: como una condición para que las discriminadas por antonomasia de la política: usted, yo, nosotras, las mujeres, también lleguemos al poder y estemos en él, aunque ahí experimentemos violencia de género y nuevas formas de discriminación.

El discurso feminista es uno solo: estar a favor de las mujeres diversas porque las mujeres estamos peor situadas socialmente. Estar a favor de los sectores marginados y excluidos: mujeres, disidencias sexogenéricas, personas con discapacidad. La paridad existe por la discriminación estructural ejercida contra las mujeres: en 1830 porque ni siquiera se pensaba que podíamos ser ciudadanas, en 1884 porque se nos excluyó expresamente de la ciudadanía, en 1924 porque se tuvo que consultar si procedía el voto de Matilde Hidalgo, en 1945 porque recién en esa fecha llegó la primera mujer al congreso nacional, en 1984 porque solo había una concejala mujer en Cuenca, en 2019 porque se violó la ley al nombrar a un hombre como vicealcalde y en 2020 porque se quiere despojar a una viceprefecta de su investidura, porque según la señora Defensora del Pueblo “aquí se debe cumplir un principio de paridad, que no es otra cosa que compartir el poder entre un hombre y una mujer y viceversa”. La paridad es compartir el poder para las mujeres que han sido excluidas, no es excluir a las mujeres a favor de varones que no han sido históricamente discriminados como varones y que han gozado de la presunción de capacidad y del privilegio patriarcal. 

Señora Defensora, la paridad es para compartir el poder, sí, pero porque los hombres no lo han compartido con las mujeres. No es para que los pocos espacios que tenemos nosotras los cedamos sin motivo jurídico ni político a varones solo porque no son mujeres. Además de una comprensión errónea de la ley hay una distorsión infame de un principio que es precisamente para que nosotras no seamos impedidas de ejercer poder, nunca para lo contrario. Espero que haya un error de interpretación y que no se presente nunca una acción de protección para impedir que dos mujeres manejen los destinos de la provincia, cuando falta nos hace la renovación de los liderazgos desde nuevos valores y prácticas. 

Felicito a Cecilita y a Magaly y hago votos para que su conducción de la provincia sea con las mujeres y para las mujeres. Y hago un llamado a la Defensoría del Pueblo a rever sus posturas y a actuar a favor de las mujeres, no desde una aparente neutralidad que, por resultado, nos discriminaría una vez más. Utilizar la justicia constitucional para invocar la paridad política a favor de un hombre, habiendo una mujer electa como viceprefecta, no solo es un abuso del derecho y una distorsión del espíritu constitucional, sino es un ejercicio de violencia política en razón de género contra la viceprefecta electa. Caso cerrado.