Volvió con Lenín la olvidada figura de la primera dama, rezago medieval y victoriano de las
mujeres como seres complementarios, desde la esfera de la caridad, el afecto y
la filantropía, de la actividad plenamente pública, política y voraz de los
hombres. Las mujeres como el rostro amable y el maquillaje de la brutalidad
masculina, como las pacificadoras de los ánimos caldeados, como la reserva
moral de un país que se agita nuevamente con una ola de denuncias y casos
comprobados de corrupción. Pero parece que ya no quedamos ni para eso.
Tenemos a los
años una vicepresidenta (a quien ya, por cierto, le están diciendo desde tonta,
pasando por gorda hasta pariente de Elsa Bucaram, en clara actitud sexista) y un
gabinete ministerial con un tercio de ministras, que quiere decir que desde el
correato con “rostro de mujer” que vino a “mejorar la farra”, que no la
democracia, mucho no hemos avanzado. Sólo que el machista violento ha sido
reemplazado por el machista galante que nos sigue diciendo “damas” y “bellas
mujeres”, que se alzó en principio con la consigna de “Ni una menos” y que se
debate entre aciertos y errores en lo que a equidad de género se refiere.
Es cierto que se
ha descongestionado bastante el ambiente de violencia patriarcal discursiva y
de acción política frontalmente misógina de Rafael, recrudecido en los últimos
años. Con la elección de Lenín el movimiento de mujeres logró la aprobación de la urgente Ley Orgánica integral para prevenir y erradicar
la violencia contra las mujeres. Hay personas comprometidas con los derechos humanos en espacios
gubernamentales y en medios de comunicación oficiales, lo cual marca, sin duda,
un cambio de estilo en el quehacer político nacional que debe profundizarse y
no vacilar en las tentaciones de volver al machismo no ya de estilo Correa (que
utilizaba la paridad como lavado de cara de políticas regresivas) sino al de
los años noventa en que las mujeres no existíamos sino en tanto “pitufinas” de
órganos colegiados patriarcales, como reinas de belleza o como primeras damas.
En temas de
igualdad de género siguen pendientes varias cosas: 1. Una política
real y efectiva e inversiones en prevención, atención y erradicación de la violencia de género y del
feminicidio y en la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población; 2. La despenalización del aborto que es un asunto de derechos
humanos y salud pública y el correspondiente indulto/amnistía a las perseguidas
y presas por abortar; 3. La promoción de los derechos económicos de las mujeres
(la feminización de la pobreza y la brecha salarial han aumentado); 4. La asunción
pública de los cuidados y la corresponsabilidad en la crianza de los hijxs; 5.
La igualdad plena y la no discriminación de la población LGBTI, con la
aprobación del matrimonio y la adopción igualitaria y el reconocimiento pleno
de la identidad de género y del acceso a la salud para las personas trans e
intersex; 6. Una posición frontal que garantice el estado laico y contrarreste el backlash homofóbico y misógino
orquestado por organizaciones religiosas y políticas anti derechos que amenazan
la igualdad jurídica y de facto de las mujeres y de la población LGBTI y; 7. El
respeto irrestricto a la paridad en todas las funciones del estado.
Todas son
prioridades, no las ordeno en función de importancia, porque se relacionan
íntimamente. Estos y otros temas, históricamente, han sido planteados en las
agendas públicas por las organizaciones de mujeres y las personas LGBTI, en
alianza con mujeres políticas, porque por experiencia y vivencia de la
discriminación en carne propia hemos tenido menos “ceguera de género”, lo que
no quiere decir que no hayan existido varones empáticos con la igualdad o
mujeres que se agarran al discurso de “a mí nadie me da nada por ser mujer, yo
soy lo suficientemente capaz, yo no quiero cuotas ni privilegios por mis
genitales”. Así es, nadie quiere “privilegios por sus genitales”, lo que no
queremos es discriminación hacia las mujeres por los nuestros, pero es ingenuo
y demuestra ausencia de conciencia histórica que si han existido tales
privilegios, la democracia ecuatoriana ha estado vilmente sesgada por su
preferencia hacia los genitales masculinos:
En resumen:
ninguna presidenta desde 1830 (aparte del efímero paso de Rosalía
Arteaga, por Carondelet, que fue ilegalmente destituida); en el mejor de los casos, y con la
aplicación de la Constitución, hasta un 40% de presencia de mujeres en la asamblea, 16
alcaldesas en 221 municipios (apenas un 7%) y qué decir de las prefectas, apenas dos en las 24
provincias. Es más dramático el descenso de mujeres en las concejalías y en las
juntas parroquiales. Según cifras del Consejo
Nacional Electoral, en los últimos comicios locales, el 75% de autoridades
electas a nivel nacional, son hombres. Se sigue asociando el poder político con la masculinidad hegemónica y a las mujeres en los roles tradicionales de madres, amas de casa y esposas, con contadas excepciones.
Esto contrasta con el mandato
constitucional, desarrollado en varias leyes, en que se obliga al estado a
conformar paritariamente las funciones públicas. La paridad, formulada como un derecho para que
hombres y mujeres accedan en igualdad de condiciones a los distintos espacios
de poder, es un principio consagrado constitucionalmente, que tiene su origen
en la lucha de los movimientos de mujeres por democratizar el escenario
político, área tradicionalmente masculina, para que incluya equilibradamente,
la presencia, intereses y necesidades de hombres y mujeres en el quehacer
estatal. Es un principio, un derecho y tiene una importancia simbólica y práctica porque no existe democracia sin mujeres.
En el Ecuador, una mayor participación
política electoral de las mujeres ha sido posible por la aplicación progresiva
de las leyes de cuotas, instrumentos sustentados en la necesidad de acelerar,
jurídicamente, la consecución de la igualdad real, con
la ayuda de medidas de acción afirmativa de carácter temporal, sin las cuales,
según datos de Naciones Unidas, la alcanzaríamos en unos 400 años.
La paridad supera las cuotas de carácter temporal porque es definitiva, se aplica a las listas pluripersonales en
procesos de elección popular y también a los altos cargos públicos de
nominación, en las cinco funciones del Estado. El artículo 61 del texto
constitucional reconoce como derecho a las ecuatorianas y ecuatorianos “desempeñar
empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un
sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo,
pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de
equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad y participación intergeneracional.”
Hoy estamos ante un nuevo caso de
discriminación orquestada e institucionalizada y, peor aún, expresa y
justificada por una gran parte de la opinión pública, en la designación de los
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
transitorio. El anexo 3 de la Consulta Popular de febrero de 2018, nada dice de
la paridad, pero tampoco establece norma en contrario, con lo cual la
conformación del CPCCS debía regirse por el mandato constitucional vigente y
por el artículo 19 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control
Social que establece que “se garantizará en su integración la representación paritaria de
hombres y mujeres de manera secuencial y alternada entre quienes hayan obtenido
las mejores puntuaciones y con la inclusión de al menos una o un integrante,
tanto principal como suplente, proveniente de pueblos y nacionalidades
indígenas, afroecuatorianos o montubios. Se promoverá en su composición la
interculturalidad y la equidad generacional.”
Resulta
que las mujeres, LGBTI, afrodescendientes, indígenas y jóvenes estamos
infra representados en el CPCCS de transición, o no existimos. He revisado las
siete ternas propuestas por el presidente Lenín Moreno para que de ellas la
Asamblea Nacional escoja a los integrantes del CPCCS y sorprende que nueve de 21
candidaturas eran de mujeres, solamente dos encabezaban la terna (en los casos
en que fueron cabeza de terna fueron las únicas en esa posición que no fueron
elegidas) y la única mujer electa lo fue porque la terna era exclusiva de
mujeres.
Se ha
hablado mucho de que fueron cuestiones de mérito y no de discriminación sexista
las que excluyeron a las mujeres de la decisión final. Llama la atención el
caso de la terna encabezada por Manuela Gallegos (sobre quien podía pesar la
sospecha de sus vínculos con Alianza País como fundadora) pero se prefirió
elegir a Luis Hernández, ex coronel de las Fuerzas Armadas, ex director de la
Escuela Militar Eloy Alfaro, ex asambleísta constituyente, con amplia
trayectoria militar, por sobre María Arboleda, vocal de la Comisión
Anticorrupción, académica experta en filosofía china, sociología, ciencias
políticas y activista por los derechos de las mujeres, con amplia trayectoria
de participación social.
El
mérito no es neutral en términos de género. No solamente porque los varones han
estado en política formal hace más de dos mil años y las mujeres menos de cien,
sino porque la exclusión de las mujeres en el espacio público es un fenómeno
antiguo, estructural, no natural y superable con la propia acción política. La exclusión de las mujeres es quitarnos la voz y la posibilidad de existir políticamente. Si nos fijamos en los perfiles de quienes integraron las ternas, hay de entrada un desequilibrio
en la trayectoria académica y política de hombres y mujeres y una exclusión expresa
de las mujeres que cuentan con igual preparación que los varones. Huelga decir
que tal vez la única brecha que tenemos “a favor” de las mujeres es que
contamos con mayor preparación universitaria y con mejores rendimientos
académicos. Afirmar que "no hay mujeres preparadas" es falaz. La capacidad o la incapacidad son objeciones que hay que analizar
con mucho cuidado cuando de elecciones o nominaciones a cargos se trata y negar la
discriminación es ingenuo o francamente, perverso.
Preocupa mucho que aún se
escuchen argumentos del tipo “no las discriminaron por ser mujeres sino porque
no eran las mejores candidatas” o que la elección obedeció a simpatías
políticas y no a privilegios genéricos. Pues seguramente hay varios factores
que han influido en la designación de los candidatos y los análisis no son
excluyentes, pero el sexo de los integrantes es también un asunto político y
parece que al presidente y a la Asamblea no les preocupa en absoluto inaugurar
un CPCCS transitorio, con delicadas funciones de fiscalización, control social
y elección de las máximas autoridades de control, de conformación casi
exclusivamente masculina.
Si las mujeres somos más de la
mitad de habitantes y hemos sido la población más afectada por la crisis
económica, la violencia de género y la desigualdad social, es urgente que
estemos representadas en todos los espacios, por un asunto de justicia
simbólica, política, social y sexual. Este es un golpe bajo para las mujeres,
la población LGBTI, representantes de pueblos y nacionalidades y jóvenes, que se
debe denunciar y superar.
Tal parece que la política
sigue estando mejor en manos de varones blanco mestizos, heterosexuales y adultos
maduros. La elección de Julio César Trujillo, comprometido desde siempre con las luchas sociales, Luis Macas, indígena con amplia trayectoria política y de lucha y Myriam Félix, académica y única mujer en el flamante órgano; amortigua un poco esta sensación de que en el Ecuador el modelo de
lo humano sigue siendo el hombre, referente de la sensatez, la capacidad de
gobernar y las “manos limpias”.
Adjunto la foto de quienes fueron seleccionados,
sobre cuyas trayectorias no voy a pronunciarme, pues no se trata de restarles
méritos a ellos, sino de decir que faltamos nosotras. ¿O estamos simbolizadas
por las flores de la foto?
Felicitaciones Pepita
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